Condicionalidad reforzada: ¿Qué es y a quiénes afecta?

Una de las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos en las movilizaciones que se están llevando a cabo en el país es la simplificación de la política agraria europea. En concreto, en lo que respecta a la reducción de la carga administrativa y de las exigencias medioambientales.  

En el último Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea (UE) se analizaron las medidas presentadas por la Comisión Europea ante las protestas agrarias, sobre todo, en lo relacionado con la simplificación de la condicionalidad reforzada, así como de la carga burocrática derivada de la misma. 

Pero ¿Qué es la condicionalidad reforzada? En este artículo, Cocampo lo explica e identifica qué personas están sujetas a su aplicación. 

¿Qué es la condicionalidad reforzada de la PAC?

La condicionalidad reforzada es uno de los cambios introducidos en la nueva Política Agraria Común (PAC), en vigor desde el 1 de enero de 2023, que tiene como objetivo promover prácticas más sostenibles en la UE. Se trata de un conjunto de obligaciones medioambientales y climáticas con las que los agricultores tienen que cumplir.  

La condicionalidad reforzada incluye, por un lado, once Requisitos Legales de Gestión (RLG), enfocados en el establecimiento de un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (RLG1), la protección de las aguas frente a la contaminación por nitratos (RLG 2), la conservación de aves silvestres, de los hábitats naturales, fauna y flora silvestres (RLG 3 y 4), los procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (RLG 5), la prohibición de sustancias de efecto hormonal y tireostático en la cría de ganado (RLG 6), la comercialización de fitosanitarios (RLG 7),  el uso sostenible de los plaguicidas (RLG 8) y la protección de terneros, cerdos y animales en explotaciones ganaderas (RLG 9, 10 y 11). 

Por otro lado, implica diez Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM), dirigidas a el mantenimiento de los pastos permanentes (BCAM 1), la protección de humedales y turberas (BCAM 2),  la prohibición de quema de rastrojos salvo por razones fitosanitarias (BCAM 3), la creación de franjas de protección en los márgenes de los ríos (BCAM 4), la gestión mínima de la labranza, reduciendo el riesgo de degradación y erosión del suelo (BCAM 5), la cobertura mínima vegetal para evitar suelos desnudos en los períodos más sensibles (BCAM 6), la rotación en tierras de cultivo excepto en cultivos bajo agua (BCAM 7),  el porcentaje mínimo de la superficie agrícola dedicada a superficie de elementos no productivos (BCAM 8), la prohibición de convertir o arar los pastos permanentes sensibles desde el punto de vista medioambiental en los espacios Natura 2000 (BCAM 9) y la fertilización sostenible (BCAM 10). 

¿Quiénes deben cumplir la condicionalidad reforzada?

Las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM) deben ser cumplidas por los beneficiarios de las ayudas directas de la PAC, así como por los receptores de pagos anuales por superficies y animales de desarrollo rural. 

Los Requisitos Legales de Gestión (RLG), en cambio, se aplican a todos los agricultores, por lo que son de obligado cumplimiento para cada uno de los actores del sector.  

¿Cuáles son las medidas que ofrece la Comisión?

Como respuesta a las movilizaciones del campo, el 15 de febrero, el ministro Luis Planas propuso a las principales asociaciones agrarias un paquete de 18 medidas, entre las que se encuentra la propuesta a la UE de modificar la normativa de las Buenas Condiciones Agrarias Medioambientales (BCAM) 6, 7 y 8. 

La Comisión Europea ha mostrado su apoyo a la flexibilización de estas BCAM para antes de las elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán en junio, con la exención parcial de las normas sobre tierras en barbecho (BCAM 8) y la revisión de las prácticas agrícolas posibles durante los periodos más sensibles para cubrir los suelos (BCAM 6). 

La Comisión también ha secundado las modificaciones en la BCAM 1, de manera que los agricultores sin ganado estén exentos de reconvertir tierras de cultivo en pastos permanentes. En este sentido, se podría solicitar a los que ya realizaron la reconversión que vuelvan de nuevo a pastos. 

Con respecto a las medidas para simplificar la carga burocrática asociada a la condicionalidad reforzada, ha respaldado la eliminación de los controles a las explotaciones con una superficie inferior a las 10 hectáreas.

Esto beneficiará al 55% de los perceptores de ayudas de la PAC, lo que supone unos 340.000 agricultores nacionales, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). 

Planas ha valorado positivamente las medidas propuestas por la Comisión Europea, las que considera “van en buena línea para resolver cuestiones que preocupan”. Sin embargo, pide que se agilice su aplicación, ya que los “agricultores y ganaderos esperan soluciones urgentes”.  

Fuentes

• Comisión Europea. 
• Consejo Europeo. 
• Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). 
• Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).